La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez de Almería Eduardo Martínez Gamero, que instruye la causa sobre la supuesta existencia de un trama de corrupción en la Diputación de esta provincia, un informe en el que apunta que el que fuera el presidente de este organismo, el popular Javier Aureliano García Molina, utilizó presuntamente a dos hermanos para blanquear las mordidas en dinero que efectivo que supuestamente recibió por el amaño de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia. El documento policial, avanzado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone el foco en el pago de la hipoteca de una vivienda de su propiedad a través de una cuenta en la que aparecían como titulares su hermana María Rosario y los padres de ambos, ya fallecidos.

La investigación destaca que en ese producto bancario a nombre de los familiares del ex presidente de la Diputación (dimitió tras su arresto el pasado otoño) “se habrían materializado ingresos en efectivo de origen desconocido que habrían tenido por objeto soportar el importe de las cuotas de una hipoteca cuyo titular era” el político. En este sentido, la UCO destaca que, tras analizar las cuentas a nombre del ex alto cargo público, desde ellas “no habría abonado” ninguna de las cuotas de ese préstamo bancario.

“Todos estos elementos [...] permiten inferir de forma indiciaria que ésta operativa podría haberse utilizado para la integración en el circuito financiero legal [blanqueo] de una serie de fondos en efectivo de origen desconocido, el cual podría venir dado por la actividad delictiva que supuestamente habría venido desarrollando Javier Aureliano García Molina”, recalca el documento policial.

Los investigadores también han detectado supuestas irregularidades en una comunidad de bienes de Juan Carlos García Molina, hermano del expresidente de la Diputación, y que supuestamente habían permitido a éste “canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios” a su nombre a través de lo que califican de “operativa simulada” mediante “diferentes transferencias concatenadas”.

En el auto en el que el juez de Almería ordenaba la detención, el pasado 18 de noviembre, del cargo público ya tildaba de “llamativo [...] el uso de dinero efectivo por parte de un empleado público como Javier Aureliano García”, así como el origen desconocido de parte de los fondos que manejaba y que le habían permitido, precisamente, hacer frente a las cuotas hipotecarias de un inmueble. En aquella resolución judicial, el juez destacaba que en casa de su hermana, los agentes encontraron un sobre con 7.620 euros con la anotación manuscrita “este dinero es de Javier Aureliano”.

En un segundo informe también incorporado a la causa y conocido ahora, la UCO recoge la existencia de un supuesto viaje “personal” de Javier Aureliano García pagado con fondos públicos. En concreto, uno que realizó con la que fuera su jefa de gabinete, María del Mar González, a Madrid, entre el 26 y el 27 de junio de 2025, meses antes de su detención y posterior dimisión. Según la Guardia Civil, este traslado lo pagó la Diputación Provincial de Almería porque lo justificaron por una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que, sin embargo, no asistieron.

En esa época, García encabezaba la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP. Sin embargo, las pesquisas revelan que, “aparentemente, ni Javier Aureliano ni su jefa de gabinete habrían desarrollado ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial en Madrid, sino que el viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”.