Vox exige blindar su participación en gobiernos de coalición con el PP pero se niega a darles cuatro años de aval

Los expertos en resolución de conflictos aconsejan que toda negociación de paz venga precedida por medidas de fomento de la confianza. Estas deben disipar el temor mutuo a que el adversario no busque un acuerdo de buena fe, sino solo ganar tiempo o sorprender al otro con la guardia baja. Aunque las dos formaciones de la derecha son socias en un centenar de ayuntamientos, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acusa directamente al secretario general del PP, Miguel Tellado, de orquestar campañas de guerra sucia contra su partido a través de medios de comunicación afines. PP y Vox se proponen negociar los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León convencidos de que su interlocutor tiene como verdadero objetivo robarle su electorado antes de tres meses, en las elecciones andaluzas, y el año que viene a más tardar en las generales.

Abascal aceptó el órdago de entrar en los gobiernos autonómicos cuando comprendió que lo que él quería presentar como un desapego por los sillones lo había convertido el PP en un reproche. Vox no tenía interés en gobernar ni en gestionar los problemas de los ciudadanos, sino solo en recoger un voto protesta que se agota en sí mismo y bloquear la puesta en marcha de ejecutivos de derechas. “Que no se preocupe [el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo] que sí que vamos a gobernar en las tres regiones”, le ha contestado este lunes Abascal, tras cerrar un ciclo electoral que ha incluido tres citas con las urnas en menos de tres meses.

Aunque su partido ha visto frenado su meteórico ascenso de Extremadura y Aragón, Abascal presume de haber obtenido su mejor resultado en unas autonómicas. Además, ha subido más de cinco puntos respecto a la última vez que votaron los electores de Castilla y León, en las generales de julio de 2023. “No podrán decir que no hemos cumplido nuestras expectativas. Quizá no se hayan cumplido las suyas, las de los medios de comunicación”, sentencia.

Antes de discutir su cuota en los gobiernos autonómicos, Abascal exige la negociación de un programa de Gobierno, “con medidas concretas, plazo de ejecución y garantía de cumplimiento”. ¿Y cuáles serían esas garantías? Fuentes de Vox ironizan con la posibilidad de firmar sus pactos con el PP “en una notaría”, pero apostillan: “La mejor garantía es que esas medidas las ejecutemos nosotros mismos”. Es decir, Vox quiere que el acuerdo al que se llegue en materia de inmigración, por ejemplo, incluya medidas concretas, plazo de ejecución de las mismas y dotación presupuestaria para llevarlas a cabo. Finalmente, que se asigne a Vox la consejería encargada de aplicar esas políticas.

Abascal es consciente de que la participación en minoría en un gobierno de coalición tiene más inconvenientes que ventajas: los méritos son para el socio mayoritario y el desgaste se comparte. Por eso, reclama que su participación en los gobiernos, si finalmente se acuerda, tenga visibilidad y perfil propio. Que el vicepresidente de Vox y sus consejeros, coordinados por el partido, sean percibidos socialmente como los responsables de aplicar aquellas políticas que demanda su electorado. Se trata de blindarlos ante posibles incumplimientos de un PP que, subrayan en Vox, ha convertido acuerdos firmados con toda solemnidad en papel mojado. Abascal no se fía.

Tampoco Núñez Feijóo confía en el líder de Vox. Teme que los ultras quieran gobernar sin dejar de hacer oposición, que a mitad de mandato den la espantada y les dejen sin respaldo parlamentario, como ya ocurrió en la anterior legislatura, en el momento en que las encuestas les sean adversas. Por eso, el documento marco para negociar los gobiernos autonómicos que el PP hizo público el pasado 23 de febrero advertía que “los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria, con independencia de las responsabilidades ejecutivas de cada uno”. Es decir, Vox se debe responsabilizar de la gestión del gobierno en su conjunto, no solo de su parte, “evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política”. Además, agrega dicho documento, para “asegurar la estabilidad institucional”, el PP reclama a Vox el “compromiso de aprobación de cuatro presupuestos”; es decir, todos los que conforman una legislatura. Fuentes de Vox rechazan firmar de antemano cuatro presupuestos y alegan que eso supondría acabar con el papel de las asambleas legislativas.

El documento marco del PP contenía múltiples concesiones a Vox. Algunas incomprensibles. Por ejemplo, el compromiso de “impedir que las aulas se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico”; una afirmación que da por buenas las denuncias de Vox, hasta ahora sin pruebas, sobre el supuesto adoctrinamiento en escuelas públicas que desde hace años son gestionadas por comunidades autónomas en manos de los populares.

El documento del PP se hizo público al día siguiente de que Abascal y Núñez Feijóo mantuvieran una larga conversación telefónica en la que acordaron resetear las negociaciones en Extremadura, que estaban empantanadas, y las de Aragón, aún incipientes. El acuerdo consistió en aparcar el reparto de cargos y consejerías y negociar primero un programa de gobierno. Pese a las buenas palabras, la recuperación de la confianza solo duró 24 horas. A Abascal le ofendió que Feijóo pusiera como límites a la negociación con Vox el respeto a la unidad de España, el marco constitucional y el Estado de Derecho, “como si estuvieran pactando con salvajes y pretendieran domar a Vox”, clamó. Desde entonces no consta que los dos líderes de la derecha española hayan vuelto a hablar.

El tiempo apremia. El 4 de mayo se disolverá automáticamente la asamblea extremeña si para entonces María Guardiola, u otro candidato, no ha sido investida presidenta y, aunque Abascal expresaba este lunes su propósito de entrar en los tres gobiernos, tampoco descartaba volver a las urnas. “¿Queremos repetir elecciones? En absoluto, me parecería una irresponsabilidad”, contestaba, no sin advertir: “Si el PP piensa que nuevamente puede venir con la recortada y atracarnos, que pierda toda esperanza”. El temor a aparecer ante los electores como responsables de una repetición electoral es el mayor aliciente para alcanzar un acuerdo.