Las dos vías 'imposibles' para salvar el derecho civil valenciano: transferencia o convencer al TC

Hace 2 días 3

La reforma constitucional que permitiría la reintegración efectiva del derecho civil valenciano en la Carta Magna está en un callejón sin salida. Los populares valencianos que durante años han apoyado esta reivindicación que fue bandera del PP de Francisco Camps -se incluyó en la reforma del Estatut de 2006 y se desarrolló en varias leyes posteriores- han desistido de su defensa. Esta semana, el portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Nando Pastor, evitaba, en convivencia con la presidenta de las Corts, Llanos Massó (de Vox), incluir en el pleno de finales de marzo la votación para elegir a los miembros de la delegación valenciana que tendría que defender este cambio constitucional en el Congreso. Pastor incluso iba más allá y ligaba el desbloqueo de la reivindicación a la poco probable renovación de los órganos estatutarios.

Una circunstancia que ha enfadado (y mucho) a la asociación Juristes Valencians, que no cesa en su intento de lograr que este derecho civil del que sí que gozan otras autonomías históricas pueda aplicarse también en la Comunidad Valenciana en cuestiones como herencias o regímenes matrimoniales. Ante esta situación de bloqueo, desde la entidad que preside José Ramón Chirivella temen que los populares puedan desviar la atención apostando por dos vías para recuperar el derecho civil que Juristes Valencians consideran “imposibles” y “poco realistas”.

La primera de las opciones que deslizó el secretario general del PP valenciano, Carlos Gil, en una reunión con la entidad a principios de mes pasa por una transferencia de la competencia. Es decir, que el Gobierno transfiriera a la Comunidad Valenciana una materia (la capacidad legislativa civil) que, por cierto, ya se prevé en el Estatuto valenciano. La norma ratificada por las Corts y el Congreso señala que “la Generalitat tiene competencia exclusiva” sobre la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano”. 

La vía de la transferencia de competencias se de “insegura” y “revocable”

Además, Juristes Valencians apunta que la vía de la transferencia es “insegura jurídicamente” y además, “revocable”. Asimismo, apuntan que esta fórmula “permite control ideológico por parte del Estado, en materias como la custodia compartida, el régimen económico de la separación de bienes o la transmisión de la empresa familiar, lo que constituye una tutela inaceptable a la vista de que es una competencia propia prevista en el Estatuto y eje del autogobierno desde 2006”.

La otra opción que se puso encima de la mesa durante el encuentro con el secretario general del PP y secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial fue la de intentar el cambio de doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia. Recordemos que en 2016, el TC determinó la inconstitucionalidad de las tres leyes civiles de familia promovidas por el president Francisco Camps, con resultados apabullantes de 11 magistrados contra 1. Actualmente, y desde hace 13 años, apuntan desde Juristes Valencians, ningún magistrado del Constitucional es valenciano. En este contexto, consideran que “se antoja una labor imposible, porque en realidad, antes de las sentencias anulatorias de 2016, diferentes sectores académicos y profesionales pretendieron demostrar la constitucionalidad del Estatuto valenciano, sin éxito”.

Es poco probable cambiar el criterio del Constitucional tras una sentencia con 11 votos a favor y solo 1 en contra

Por ello, José Ramón Chirivella sigue insistiendo en que la única vía posible para recuperar el derecho civil valenciano es la de la reforma constitucional que sigue detenida en las Corts. Así, pide al PP que no ponga “más excusas” porque ese temor que se expresa a que este camino sea aprovechado por otros partidos para abrir el melón de la reforma constitucional no es creíble. “Es una cuestión meramente aritmética; el PP, con sus más de 130 diputados, puede vetar cualquier reforma, por mínima que sea”.

Hèctor Sanjuán

Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana

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