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Ignacio Orovio / Gemma Saura
Barcelona
18/03/2026 06:00 Actualizado a 18/03/2026 06:53
Hace cinco meses que Junts tiene en su poder un informe confidencial del Parlamento Europeo que avala dos denuncias contra el eurodiputado electo Toni Comín, una por acoso sexual y psicológico y otra por actitudes agresivas, sin que el partido haya adoptado medidas cautelares ni haya activado actuaciones internas.
Según ha podido saber este diario, en todo este tiempo Junts ni siquiera se ha puesto en contacto con las dos personas denunciantes.
El Parlamento Europeo considera que existen indicios suficientes para que el caso pueda ser llevado ante la justicia ordinaria, afirma una resolución confidencial a la que tuvo ayer acceso el diario Ara.
El comité consultivo de la Eurocámara recibió en enero del 2025 una denuncia por acoso psicológico y sexual contra Comín por parte de un asesor de Junts en Bruselas, tal como destapó entonces La Vanguardia.
El Parlamento tiene “testimonios creíbles” contra Comín y ve suficientes pruebas preliminares que justificarían continuar el procedimiento en los tribunales
Se sumó después una segunda denuncia, presentada por una asesora del grupo parlamentario que al parecer sufrió un episodio de violencia física durante una discusión con el entonces eurodiputado.
El comité consultivo de la Eurocámara abrió una investigación, que se prolongó entre febrero y septiembre. La resolución, con fecha del 29 de septiembre, es contundente. El Parlamento afirma que ha entrevistado a “testimonios creíbles” que confirman las alegaciones contra Comín y ve suficientes pruebas preliminares que justificarían continuar el procedimiento en los tribunales.
El informe fue puesto en manos de Junts por los propios denunciantes en octubre y quedó bajo la responsabilidad de la Comissió de Garanties, el órgano encargado de velar por el cumplimiento del código ético y de dirimir conflictos internos. Durante cinco meses, este organismo, presidido por Josep Pagès, no se ha puesto en contacto con los denunciantes ni ha tomado ninguna medida. Comín sigue siendo miembro de Junts a todos los efectos. Sin ir más lejos, este lunes participó en la comisión permanente del partido.
Pagès ha declinado desde el 14 de enero las reiteradas peticiones de este diario para ofrecer su valoración sobre el caso. La última, ayer, alegando que la obligación de la confidencialidad le impide ni siquiera confirmar la existencia de este caso. Junts dijo ayer que cuando la Comissió de Garanties se pronuncie se ofrecerá una opinión.
Los dos denunciantes eran personas estrechamente vinculadas al proyecto político del partido. En los últimos meses, uno de ellos ha abandonado la formación, mientras que el otro continúa en Junts.
Los propios denunciantes entregaron el informe a la Comissió de Garanties de Junts en octubre
El informe del Parlamento Europeo tiene carácter preliminar y administrativo, dado que Comín no ha podido tomar posesión del acta de eurodiputado; para ello debería regresar a Madrid y se arriesga a ser detenido. Esta circunstancia explica que la resolución del comité consultivo no haya sido hecha pública y también ha limitado la capacidad sancionadora de la institución, que solo puede actuar contra eurodiputados en ejercicio.
Aun así, la resolución es contundente: considera que los hechos podrían constituir acoso según la normativa comunitaria y plantea que, en caso de que Comín obtenga el escaño en el futuro, las conclusiones seguirían siendo válidas y podrían reactivarse.
Además, la Eurocámara se ofreció a sufragar las costas judiciales si los denunciantes decidían acudir a los tribunales. Estos, no obstante, optaron por trasladar el caso al partido.
El ex conseller niega “rotundamente todas las acusaciones” y lamenta no haber podido defenderse en un proceso con contradicción entre partes
Comín niega “rotundamente todas las acusaciones” y asegura que nunca ha sido llamado por la Eurocámara para dar su versión de los hechos.
El exconseller sostiene que dispone de testimonios y pruebas para desmentir la denuncia, pero que nunca ha podido presentarlos ante la institución porque no ha habido “un proceso de contradicción entre las partes”. Ahora se reserva el derecho a emprender acciones penales contra los denunciantes por difamación.
El denunciante principal trabajó durante alrededor de siete años para el grupo de Junts en Bruselas, como asesor en diversos ámbitos, y relata tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa y propuestas de tríos con otro hombre. También denuncia malos tratos de carácter laboral, con broncas repentinas y aleatorias y amenazas de despido. Algunos de los episodios se produjeron durante una estancia en una casa alquilada por Comín en Paçà, en el Rosellón (Francia), para preparar las elecciones europeas de junio del 2024.
Un caso no prescrito
Los estatutos de Junts, en su artículo 10, establecen como falta muy grave “los actos o el aval a comportamientos racistas, LGTBIQfóbicos o de violencia machista u otros comportamientos violentos, insultantes o vejatorios con las personas”. La Comissió de Garanties, que puede proponer medidas cautelares de suspensión temporal del cargo orgánico del investigado, es quien nombra un instructor de cada procedimiento si ve base suficiente. Si no lo estima así, debe trasladarlo a la ejecutiva nacional para que archive: fuentes de Junts explican que el asunto no ha llegado a este órgano, de lo que se deduce que no ha sido archivado.
En todo caso, el plazo para la instrucción de un expediente es de tres meses. Los casos deben ser archivados cuando han transcurrido los plazos de prescripción; los “muy graves” tienen un plazo de dos años desde el momento de la comisión (en este caso, entre el 3 y el 7 de junio de 2024, durante una campaña electoral), aunque queda interrumpido “por denuncia o actuación de oficio del órgano competente”. El expediente disciplinario caduca a los tres meses desde su inicio si no hay resolución, aunque la sanción se puede aplicar si los hechos siguen no prescritos, como sería este caso.
Junts mantiene a Comín en un segundo plano a la espera de la evolución de su situación judicial, especialmente de lo que pueda resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la amnistía.
Escribe en A fondo, sección de reportajes e investigación. Anteriormente fue redactora en la sección Internacional (2006-2021). Licenciada en Periodismo y graduada en Estudios Internacionales por la UAB
Redactor jefe de A Fondo. Antes, en Cultura, Política y responsable de tribunales en Barcelona y Madrid. Entre 2005-2007 cubrió el proceso de paz con ETA. Contacto: afondo@lavanguardia.es
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