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El Partido Popular ha introducido varias enmiendas a la ley de multirreincidencia impulsada por Junts per Catalunya que endurecen la normativa de extranjería y que, en la práctica, buscan limitar la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno en enero reabriendo el debate político sobre el equilibrio entre seguridad y derechos en la política migratoria.
La principal modificación ha establecido nuevas condiciones para acceder o mantener autorizaciones de residencia en España. En concreto, el texto ha pasado a exigir la acreditación formal de la ausencia de antecedentes penales no solo en España, sino también en todos los países en los que el solicitante haya residido previamente. Y, al mismo tiempo, las enmiendas aprobadas eliminan la posibilidad de suplir la falta de respuesta de terceros países mediante una declaración responsable, obligando a presentar certificados oficiales en todos los casos.
Esto contrasta con el reglamento que aprobará próximamente el Gobierno, que permite la declaración responsable si no hay respuesta de las autoridades de origen tras un mes.
La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado le ha permitido introducir un nuevo artículo en la ley de extranjería bajo el epígrafe de “garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España”. Según el senador popular Juan Bautista Milián, el objetivo es cerrar posibles “lagunas” en el control de antecedentes. A su juicio, permitir declaraciones responsables equivaldría a convertir España en “un coladero” para delincuentes. Además, el PP ha incorporado la obligación de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad elaboren informes de todos los solicitantes para evaluar si existe una amenaza real para el orden público.
La reforma deberá regresar ahora al Congreso para su ratificación definitiva. La mayoría de la investidura ha anunciado que tratará de corregir “los excesos del PP” y ha advertido de que las modificaciones desbordan el alcance inicial de la norma.
El proyecto promovido por Junts per Catalunya, recuerdan, se centraba en el endurecimiento penal frente a la multirreincidencia, con medidas como castigar el robo de teléfonos móviles con hasta tres años de prisión, tipificar el denominado ‘petaqueo’ -el suministro de combustible a narcolanchas en alta mar- y reforzar la persecución de robos en el ámbito rural.
El PSOE asegura que eliminará las enmiendas del PP al regresar el texto al Congreso
La oposición ha cuestionado con dureza este giro. El Partido Socialista Obrero Español ha advertido de que las enmiendas suponen una “criminalización de la inmigración” y ha acusado al PP de asumir postulados de la extrema derecha. Desde sus filas se ha insistido en que el texto será corregido durante su vuelta al Congreso.
En una línea similar, EH Bildu ha calificado la reforma de “placebo punitivo”, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya se ha abstenido al considerar que el endurecimiento penal resulta “inútil” y puede agravar dinámicas de violencia. Por su parte, Vox ha defendido ir más allá y ha reiterado su apuesta por la expulsión inmediata de extranjeros reincidentes.
Frente a estas críticas, Junts ha celebrado la aprobación de la ley, subrayando la necesidad de actuar frente a una multirreincidencia que, según su senador Eduard Pujol, ha deteriorado la convivencia en numerosos entornos urbanos.
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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