Apodos despectivos, humillaciones y comentarios sexuales: el Supremo sanciona a una jueza por humillar a los funcionarios

Apodos despectivos (“frígida”, “trol”, “ama de casa aburrida”), humillaciones en público (“no tiene ni idea de tramitar”, “me río con mis amigos jueces de ella” y “no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo) o comentarios de carácter sexual (“tiene un buen polvo”) son algunas de las situaciones que los funcionarios de un juzgado de Nules (Castellón) tuvieron que soportar por parte de la jueza Vanesa Pérez Lleó, titular del Juzgado de Primera Instancia 4 de de esa localidad entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 2.000 euros impuesta a Pérez Lleó por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como autora de una falta disciplinaria grave de desconsideración. El Supremo rechaza todos los argumentos que había defendido la magistrada para recurrir la multa, como que las expresiones por las que ha sido castigada se enmarcaban en conversaciones de tono “distendido y no formal”.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el expresidente del Consejo y del alto tribunal, Carlos Lesmes, detalla lo que los funcionarios del juzgado definieron como una “situación de conflictividad laboral insoportable” debida a la “actitud inaceptable” y “perdurable en el tiempo” de la titular del juzgado. Lo hicieron en un escrito remitido al juez decano de Nules y que este remitió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia, que fue quien elevó el caso al CGPJ. El texto recogía episodios en los que la magistrada calificó de “vagos” a algunos de los funcionarios y les avisó de que iban a “rodar cabezas”. Además, humilló públicamente a la letrada de la Administración de Justicia. Incluso adelantó a un detenido, que se había acogido a su derecho a no declarar su deseo de que le condenaran.

Los funcionarios incluyeron también humillaciones de la jueza a un fiscal de la localidad, al que dirigió expresiones como “vete a tomar por el culo” o “es que no puedo contigo, no te soporto, te voy a meter una hostia que te voy a arrancar la cabeza”. Según la denuncia, el fiscal pidió el traslado a otro partido judicial debido al “acoso” sufrido por parte de la jueza. El escrito relataba también que la magistrada comparecía “frecuentemente” tarde, hasta con cuatro horas de retraso, a las citas del juzgado sin ofrecer explicaciones; y llegó a calificar de “gilipollas” al decano ante varios miembros de la oficina judicial.

Fue el decano el que avisó al TSJ valenciano, que elevó el caso a la autoridad disciplinaria del CGPJ. Aunque al principio cerró el caso, el Consejo ordenó que se reabriera y, al final, determinó que los hechos eran una falta disciplinaria grave de desconsideración, según lo establecido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este precepto sanciona “el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”.

La jueza —que hace unas semanas fue nombrada titular del Juzgado de lo Penal 9 de Santa Cruz de Tenerife, con competencia en materia de violencia sobre la mujer— defendió en su recurso que el Consejo no motivó suficientemente la sanción, pero el Supremo rechaza este argumento. “Para considerar cometida la falta no es preciso que las palabras empleadas vengan acompañadas de un animus ofensivo”, afirma la Sala de lo Contencioso, que rechaza que las expresiones utilizadas por la jueza estén amparadas en la libertad de expresión. Para valorar los hechos, señala el tribunal, se ha tenido en cuenta “el contexto en el que esas palabras fueron utilizadas, después del examen de la totalidad de los testimonios recabados” y sin que pueda admitirse el argumento de la magistrada de que pronunció esas afirmaciones en “un ambiente de cercanía y cordialidad”. El Supremo dice que “ese supuesto tono distendido y no formal no justificaría el uso por parte de la magistrada de ciertos términos o expresiones, de subir la voz o de hacer críticas que menosprecian a quien las recibe, valoración que esta Sala comparte plenamente”.