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El Gobierno de Delcy Rodríguez prepara una renovación profunda del Tribunal Supremo de Justicia. Este martes la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, dio el primer paso de un proceso que culminará en una sustitución masiva de jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Los diputados aprobaron el nombramiento de una comisión preliminar para las nuevas postulaciones judiciales, un procedimiento constitucional que desembocará en el nombramiento de una buena porción de nuevos en una instancia clave de la Justicia venezolana.
Fuentes conocedoras de este plan dan por descontada la salida de 12 de 20 jueces, una cirugía que cambiará cerca de un 70% de su composición actual. El procedimiento está destinado a eliminar las influencias personales del expresidente, Nicolás Maduro, pero sobre todo de su esposa, Cilia Flores, de los hilos del Poder Judicial. La vía administrativa para la salida de los magistrados será la jubilación, según las mismas fuentes. El anuncio de los retiros, que debería recaer en el propio tribunal, no se ha hecho oficial todavía.
El cambio en esta instancia judicial clave es una operación política de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en el marco de la renovación institucional que está llevando a cabo el régimen chavista bajo la batuta de Estados Unidos. Aunque se sabe poco de las sustituciones, se da por descontada la conformación, vía legislativa, de un Supremo con figuras más cercanas a los hermanos Rodríguez.
En círculos vinculados al TSJ se da por hecho la salida de una docena de magistrados. Entre ellos figuran Edgar Gavidia, primer vicepresidente del TSJ y pariente de Cilia Flores, y Tania D’Amelio, segunda vicepresidenta y exrectora del Consejo Nacional Electoral. De la Sala Constitucional se mencionan los nombres de Luis Damiani, Lourdes Suárez y Michel Velásquez, siendo estas dos últimas también afines a Flores. A ellos se suman Maikel Moreno, amigo de Flores y expresidente del TSJ; Henri Timaure, de la Sala de Casación Civil; y Juan Carlos Hidalgo y Malaquías Gil, ambos de la Sala Político Administrativa. Con menor intensidad, también se especula con la posible salida de la propia presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Rodríguez.
Los cambios del Tribunal Supremo de Justicia —llave maestra institucional del régimen chavista en este tiempo frente al descontento popular— tocan, en particular, el espacio de poder de Flores en el diagrama de la revolución bolivariana. Abogado de profesión, funcionaria tribunalicia por mucho tiempo, ex procuradora general de la República y expresidente de la Asamblea Nacional en varias ocasiones, Cilia Flores pasó años tejiendo una tupida red de contactos e influencias en el Estado y la Justicia, donde situó a varios familiares, allegados y amigos en importantes cargos.
Durante el gobierno de Nicolás Maduro, como “máximo tribunal de la República”, el Tribunal Supremo de Justicia desempeñó un rol clave para desactivar las iniciativas de la oposición para tratar de llegar al poder por la vía electoral. En 2017, una sentencia del TSJ dejó sin funciones constitucionales a la Asamblea Nacional electa el año anterior, dominada por la oposición luego de una resonante victoria electoral, bajo el argumento de que esta estaba “en desacato constitucional” por sus enfrentamientos con Maduro.
Luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia también tuvo un rol protagónico para imponer los intereses del régimen ante los reclamos de fraude de la oposición de aquel entonces: la Sala Electoral organizó, en cadena nacional, un acto protocolar, con unos “técnicos” delegados para autentificar las actas y dar por buena la discutida victoria de Nicolás Maduro, desdeñando los reclamos de la oposición, que afirmaban tener las verdaderas, mientras se destacaba una furiosa ola represiva por parte del régimen contra los activistas opositores.
La Comisión Preliminar para el nombramiento del nuevo TSJ, conformada hoy en la Asamblea, estará integrada por 11 diputados. La Comisión Preliminar se encargará de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria las credenciales de los candidatos antes de integrar definitivamente el Comité de Postulaciones. Ese comité estará formado por 21 parlamentarios, 11 de los cuales serán propuestos por sectores civiles en los debates de la Asamblea. Este proceso, con toda su burocracia, se puede acelerar mucho en el debate legislativo final.
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