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El Gobierno de Venezuela ha informado de la muerte de cinco presos durante un motín registrado el lunes en la cárcel Yare III, ubicada en un pueblo de los Valles del Tuy, en las afueras de Caracas. La confirmación por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios ocurre un día después de los hechos, tras un fin de semana en el que los familiares y defensores de derechos humanos denunciaran situaciones irregulares en la prisión.
En un comunicado aseguraron que el establecimiento de “máxima seguridad” está destinado al resguardo de “líderes negativos y miembros de bandas criminales”. En este recinto también están varios presos políticos que aún esperan beneficiarse de las medidas de amnistía. De acuerdo con la información oficial, los muertos fueron identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez. No se especifica cómo murieron.
Los familiares de detenidos que se mantienen en vigilias frente a las cárceles desde el mes de enero han exigido una fe de vida por el resto de los detenidos. Las mujeres han golpeado el portón para exigir información y han protestado en la entrada del penal sin éxito. “Los están matando”, decían algunas de las pancartas que llevaban. Al final de la tarde del martes, algunas de ellas comenzaron a recibir llamadas de los detenidos en las que aseguraban que estaban bien.
El domingo fueron suspendidas las visitas y se desplegó un cerco de seguridad en los alrededores por el enfrentamiento entre presos comunes, por el traslado de un grupo de detenidos a este recinto. Allegados a los detenidos señalaron que la revuelta también dejó heridos por armas de fuego.
Antes del comunicado del ministerio, la Fiscalía había anunciado la apertura de una investigación sobre los hechos registrados en Yare III —sin informar de las muertes—. Las pesquisas fueron encargadas a una comisión de funcionarios de la dirección de Derechos Humanos. Algunas fuentes aseguran que la tensión se produjo por el traslado de un grupo de detenidos a esta área.
La grave situación que viven los presos en Venezuela ha quedado expuesta a partir de las revelaciones de perseguidos políticos que han sido excarcelados mediante la amnistía y que suman más de 650 desde enero pasado. El malestar por las condiciones de reclusión y los malos tratos de parte de los custodios viene en aumento. La semana pasada, el Ministerio Público, en el que recientemente se ha designado a Larry Devoe, hizo una visita al Centro Penitenciario Rodeo I para verificar las condiciones a raíz de una protesta que hicieron los presos extranjeros. Según la institución, constataron que “los protocolos aplicados en el penal cumplieron con las normas de derechos humanos”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, sin embargo, denunció esta semana que en menos de 24 horas murieron dos personas privadas de libertad en el módulo 4 del Rodeo por paros respiratorios y falta de atención médica. “Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, señala la ONG en un comunicado. “El Rodeo IV se suma así a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control”.
El Gobierno mantiene el control total sobre las prisiones del país, bajo lo que llama el régimen penitenciario. Hasta 2023, algunos recintos como las cárceles de Tocorón —centro de operaciones de la banda Tren de Aragua— y Tocuyito estaban bajo el dominio de los líderes de los grupos criminales, cuando el Gobierno desplegó una toma militar de las prisiones, aunque no detuvo a ninguno de sus cabecillas.
En las últimas semanas, defensores de derechos humanos han exigido que el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, sea destituido, además de un indulto general para todos los presos políticos que aún quedan: entre 400 y 600, según distintas organizaciones. Designado por Nicolás Maduro en 2024, García Zerpa —que viene de ser diputado de la Asamblea Nacional— no ha entrado entre las prioridades de cambio de gabinete de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Su salida fue una de las exigencias que hizo un grupo durante una reunión con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, la semana pasada, así como la exigencia de la entrada de organismos internacionales como la Cruz Roja y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que están en Caracas. “Yo estuve en Yare III y doy fe de que es un campo de torturas y tratos crueles. Ninguno de los presos teníamos acceso siquiera a un cortaúñas. Exigimos una investigación internacional”, dijo por teléfono el abogado Eduardo Torres, ex preso político, desde los alrededores de la prisión.
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