Las necesidades de VPO en Catalunya son seis veces superiores a la producción actual

La producción de vivienda de protección oficial (VPO) en Catalunya lleva una década bajo mínimos. El sector no ha logrado recuperarse de la decisión del Gobierno central en medio de la crisis de 2008 de recortar el presupuesto en esta materia y ha condicionado la generación de este tipo de oferta. Un estudio elaborado por los economistas Miquel Morell, Agustí Jover y Nil Ragàs, de Promo Assessors Consultors, apuntan que para enfrentarse a las necesidades de los próximos años y suplir el déficit acumulado es necesario multiplicar por seis la actual capacidad de producción en la comunidad autónoma. “El reto de presente y futuro es de grandes dimensiones, pero arrastramos un déficit estructural. Es un problema de pasado, presente y futuro”, explica Morell, que además es miembro de la comisión territorial y de urbanismo del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC).

La producción de VPO en Catalunya se situó en el año 2025, el último disponible, en 3.517 unidades, y si se toma la media de los últimos diez años está en torno a las 1.400 unidades anuales. “En la década anterior, la media se situó sobre las 5.000 unidades anuales. Por lo que hemos sufrido una caída del 70%”, señala. La razón de la bajada es plan estatal de vivienda de 2013-2016, que redujo al mínimo las partidas en VPO. “Lo más importante no eran las ayudas al promotor, sino las dirigidas a los compradores. En el momento que el Estado deja de subsidiar estas operaciones, los promotores dejan de construir porque la demanda no puede pagar el piso”, comenta Jover, que forma parte de la misma comisión del CEC. Dadas las necesidades de la comunidad autónoma, estos economistas estiman que el déficit acumulado es de 93.000 viviendas.

El Plan 50.000 es una oportunidad para reactivar la colaboración público-privada

Para estimar las necesidades futuras de VPO, el cálculo de estos economistas toma la referencia incluida en el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge. El documento apunta que en la comunidad autónoma habrá 355.000 familias que quedarán excluidas de la vivienda en condicione de mercado y apunta que las necesidades de VPO se situarán en 220.000 unidades. La diferencia entre una cifra y la otra, unas 135.000 unidades, son familias que encontrarán otros mecanismos para conseguir una vivienda. De esta forma, el déficit acumulado de 93.000 unidades se debe sumar a las necesidades futuras. Para hacer frente a este desfase, es necesario producir unas 20.000 VPO por año.

El déficit acumulado de la última década en Catalunya llega a las 93.000 residencias

“Es imposible cubrir las necesidades reales de vivienda social, pero es evidente que el cambio que está impulsando la Generalitat en esta materia es bienvenido. Si en vez de 1.200, logramos hacer 5.000 unidades será un gran éxito”, comenta Morell, quien añade que, además, la nueva política de VPO está centrada en alquiler de propiedad pública a perpetuidad. Actualmente, el parque de vivienda social está compuesto en gran medida por unidades de propiedad que pierden su régimen especial con el paso de los años. En este sentido, Catalunya perderá 32.000 VPO de propiedad hasta 2030 y 45.000 unidades en 2035, según datos oficiales. Del parque de casi 100.000 pisos protegidos, sólo el 38% cuenta con la protección de la condición a perpetuidad.

La producción de pisos públicos alcanzó solo las 3.517 unidades en el año 2025

Jover apunta que uno de los aciertos del Pla 50.000 es la concertación del sector privado. “El mayor productor de VPO en Catalunya es el sector privado, que se encarga de dos terceras partes de la producción”, señala. Concretamente, el 41% de la producción de los últimos diez años corresponde a promotores privados, mientras que el 25%, a entidades sin ánimo de lucro. El Institut Català de Sòl (Incasòl) se ha hecho cargo del 4%, mientras que el resto corresponde a otras instituciones. Los economistas apuntan que la colaboración público-privada es la mejor manera para acelerar la producción de VPO y confían en que hayan nuevas propuestas en este sentido.

Morell reflexiona sobre el papel de la vivienda de la Administración: “Durante la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, se aplicaron recortes al Estado del Bienestar pero en ningún caso se redujeron a cero las partidas de sanidad o de educación. En el caso de la vivienda, sí se eliminaron. En términos generales, la vivienda se ha dejado fuera del ámbito público”.

Periodista de la sección de Economía. Actualmente, centrado en Energía, Motor e Industria. También es profesor asociado de la UAB.