Hace 6 horas
1
El tope de precios al alquiler en Catalunya cumple dos años este mismo lunes y entra por tanto en el último ejercicio de aplicación teórico. La ley de Vivienda establece que la regulación de precios tiene una vigencia máxima de tres años, aunque contempla prórrogas anuales siempre que se sigan dando al menos una de estas dos circunstancias: que los hogares destinen más del 30% de los ingresos medios a pagar rentas y suministros o que los precios hayan subido tres puntos porcentuales por encima del IPC en el acumulado de los últimos cinco años.
En el Govern empiezan ya a hacer estimaciones y dan por descontado que tendrán que prorrogar el tope de precios como mínimo un año, si no más. “Haremos una revisión de la situación de las zonas tensionadas; puede que haya municipios que salgan de ellas en el 2027, pero es probable que una parte importante tenga que seguir bajo la regulación”, sostiene la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
La también portavoz del Govern explica que aunque el porcentaje de renta que destinan los hogares a pagar el alquiler ha disminuido y se acerca poco a poco a la media europea (inferior al 30% de los ingresos medios), continúa siendo elevada como para levantar los topes. Es así porque, pese a que los precios se han contenido –ver gráfico–, la demanda de pisos de alquiler sigue desbordando el mercado y no hay oferta suficiente para cubrirla.
Desde Territori confían en que el plan para incorporar 50.000 pisos de alquiler públicos para el 2030 ayude a descongestionar este shock de demanda que sufre Catalunya. En este sentido, Panque subraya que solo en el 2025 la Generalitat adquirió 3.000 viviendas mediante derecho de compra preferente (tanteo y retracto) para destinarlas a alquiler asequible y este 2026 se espera finalizar 4.000 pisos financiados con fondos Next Generation. En paralelo, el Govern impulsa la construcción publico-privada a través de la reserva de solares con los primeros concursos.
La regulación ha logrado contener las rentas pero la demanda sigue desbordando el mercado
El tope de precios, continúa Paneque, funciona como una pieza más de las medidas para promover la vivienda pública. No ha de verse como una herramienta aislada. La Generalitat cuenta con el apoyo del Gobierno central en este punto y de hecho se ha posicionado como la comunidad que más intensamente aplica la ley de Vivienda. “El tope a los precios funciona como torniquete para frenar el alza descontrolada mientras, en paralelo, se aplican medidas correctoras para ampliar la oferta y limitar el fraude”, afirma al respecto Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Pero a pesar de estos esfuerzos, la sensación entre la población es que acceder a un piso, especialmente de alquiler, resulta cada vez más difícil. La vivienda se ha situado como la primera preocupación de la población y los inversores se están retirando de forma progresiva del mercado del alquiler, han alertado los últimos días el Colegio de Notarios y diferentes consultoras.
Tanto Montserrat Junyent, presidenta de los agentes de la propiedad colegiados catalanes (API), como Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, coinciden en que las múltiples regulaciones están “estancando el mercado” y reclaman una colaboración publico-privada para mejorar la oferta. “Los propietarios de pisos y los inversores no son el enemigo, necesitamos un pacto transversal en el que estén todos los agentes”, defiende Junyent. Tanto ella como Gorgues consideran que el problema de acceso es de tal envergadura y urgencia que la administración no puede abordarlo sola. Allá donde no llegue el sector público –continúan– debe haber concertación. Piden, además, una revisión del tope de precios porque, según sus datos, está provocando que parte de los propietarios abandonen el alquiler para poner los pisos a la venta.
Otros agentes, sin embargo, no ven este hecho como negativo. Jaime Palomera, investigador del instituto IDRA que ha colaborado en la comisión para limitar la compra de vivienda a los grandes tenedores, resalta que de esta manera la propiedad se irá trasladando a personas que necesitan los pisos para vivir, no para hacer negocio.
En cuanto a la efectividad del tope de precios, Carles Donat, co director del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, pone énfasis en que sí ha servido para frenar el fuerte incremento previo a la entrada en vigor de la regulación, cuando aumentaban sobre el 7% y 8% anual. Desde marzo del 2024 la subida ha sido solo del 0,8%. En cuanto a la caída del saldo de contratos desde que se toparon las rentas (la diferencia entre altas y bajas se encoge), puntualiza que se debe a una mayor estabilidad del mercado y contratos más largos.
El catedrático de Economía de la UPF José García Montalvo considera en cambio que este menor crecimiento del stock de pisos de alquiler sí es preocupante. “Es una señal de que la oferta no da abasto para cubrir la demanda, en Barcelona, de hecho, el saldo ya es negativo”. Esta escasez de alquileres estaría “distorsionando” las estadísticas, añade Montalvo. Al haber tan pocos pisos en el mercado, solo acceden a los alquileres las personas con mejores ingresos, sostiene. “Por eso el porcentaje de gasto destinado a pagar la vivienda está disminuyendo”, defiende en un estudio.
El problema de acceso se focaliza entre los jóvenes y los salarios bajos.
Periodista. Ha desarrollado gran parte de su carrera en La Vanguardia, donde ha cubierto las áreas de Educación y Universidades, Política y, ahora, Economía. Licenciada en Ciencias de la Información y Postgrado en Estudios Culturales
English (US) ·