Cae una red criminal que falsificó documentos para la regularización de 5.000 inmigrantes

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Hasta 5.000 personas en situación irregular en España se habrían podido beneficiar de los 'servicios' que ofrecía un entramado delictivo dedicado a facilitar documentación falsa, por la que llegaban a cobrar hasta 10.000 euros, para regularizar su situación administrativa. La Policía Nacional ha desarticulado la red, asentada principalmente en Zaragoza pero con ramificaciones en varias provincias, con la detención de 61 personas de origen español, argelino y marroquí: 18 son miembros de la organización criminal, mientras que el resto son clientes de ella.

La investigación policial se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos en situación irregular de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes se detectó la aportación de documentación carente de autenticidad, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones.

Según ha informado la Policía, las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal que, además de en Zaragoza, operaba en otras provincias como Alicante, Murcia y Huesca. Esta red se dedica a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y guiarlos en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para ello, la organización recurría sistemáticamente a la falsificación de documentos esenciales para la presentación de las solicitudes.

La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación administrativa. A dichos individuos se les ofrecía la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y la obtención de certificados médicos, entre otros documentos utilizados para simular el cumplimiento de los requisitos legales.

Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos empleaban varios métodos, desde la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los domicilios donde empadronaban, hasta el conocido método llamado “look-a-like”, mediante el cual se presentaban individuos con parecido físico a la persona a empadronar, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena —incluidos pasaportes— percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad. Asimismo, se detectó la existencia de empresas pantalla utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos laborales inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después, con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.

Los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación asociada. Se estima que, desde el inicio de las actividades delictivas atribuidas a la organización criminal investigada, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido los documentos necesarios para iniciar los trámites de regularización en España superaría los 5.000.