Anna-Lena von Hodenberg es la fundadora de HateAid, una organización alemana que se ocupa de defender los derechos humanos en el espacio digital y de aplicar las regulaciones comunitarias en las plataformas. En diciembre, ella y su socia, Josephine Ballon, fueron dos de las cinco personas sancionadas por el Departamento de Estado de EE.UU., acusadas de atacar a los gigantes digitales estadounidenses. Habla con La Vanguardia antes de explicar su caso ante la Eurocámara con el excomisario Thierry Breton, otro sancionado.
¿Cómo se enteró de que estaba en la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU.?
Era el 23 de diciembre, exactamente a las 23.47 h, y estaba a punto de ir a dormir. Iba a pasar las vacaciones con la familia; era el día antes de Nochebuena... Y vi cómo mi compañera, Josephine Ballon, me había llamado un montón de veces. A ella le había avisado una conocida. Algunos medios lo habían publicado, otros no. Fuimos a X y vimos tres publicaciones que lo anunciaban, pero hasta hoy todavía no he recibido ninguna otra notificación.
¿Nadie le llamó o le notificó? ¿Cómo puede ser?
Nunca recibimos nada. No ha habido ningún contacto con la embajada, con el Ministerio de Exteriores, nada. Solamente tres tuis. Uno de Marco Rubio donde dice que cinco personas están sancionadas y son agentes de la censura, lo que sea. Y después los dos tuits de Sarah Rogers —la subsecretaria de Estado de Donald Trump—, que después mencionó nuestros nombres e hizo una pequeña frase sobre por qué ya no podemos entrar en EE.UU..
Las acusaciones
“Dicen que somos una organización armada de la maquinaria mundial de la censura”
¿Se lo esperaba?
No de esta forma, pero sí que ya seis meses antes el mismo Rubio ya se había fijado en la gente que trabaja en la Ley de Servicios Digitales (DSA) —una de las regulaciones europeas—. Nosotros tenemos juicios sin precedentes contra X o contra Meta, así que ya cancelé algunas conferencias en EE.UU. porque pensé que no nos dejarían entrar, y yo no quería estar en custodia tres días como se ha escuchado de historias de gente. Josephine había dado una entrevista en la CBS sobre nuestro trabajo que se publicó una semana antes del famoso discurso de J.D. Vance en Múnich. Tenemos también personas con nacionalidad estadounidense, y les habíamos pedido que, si viajaban a EE. UU., fuesen con los móviles vacíos. Yo me esperaba algo así, pero no enterarme de estar sancionada por una notificación en X ni acabar al día siguiente en todas las noticias de Alemania.
¿De qué le acusa EE.UU.?
Dicen que somos activistas radicales, una organización armada de la maquinaria internacional de la censura. Son palabras vacías: somos una organización que defiende los DD. HH. en lo digital, pero también somos en Alemania la primera consultora para víctimas de violencia digital. Hemos asesorado a más de 8.000 personas en los últimos 7 años que han recibido amenazas de muerte, amenazas de violación, que se han encontrado en deepfakes... Muchos periodistas también, pero también gente muy normal que son acusados en Internet. Y también trabajamos por la regulación de las plataformas, porque estamos convencidos de que sus algoritmos tienen mucho que ver con la violencia en este grado que vemos.
¿Entonces, no hacen actividades contra EE.UU.?
Nada. Notificamos las acciones ilegales en Alemania y las bloqueamos aquí, pero no en EE.UU.. Somos solamente parte de la DSA aquí, y por eso tenemos las sanciones.
¿Por qué el Departamento de Estado se fijó en ustedes?
Estas sanciones no van sobre nosotros, sino que son una señal al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea. Porque las pusieron dos semanas después de la primera multa contra X. Esto es la reacción, una manera de decir que, si ustedes regulan plataformas estadounidenses en Europa, esto es lo que va a ocurrir. Ahora es algo más suave, porque somos solamente organizaciones de la sociedad civil, un excomisario —Thierry Breton, que también ha sido sancionado—, no son personas de primera fila. Por eso es una primera señal.
¿Cómo le han cambiado la vida estas sanciones?
Sabemos, de contactos bastante fiables, que el plan inicial era imponer sanciones más fuertes, que hubiesen bloqueado nuestras tarjetas de crédito y nuestras cuentas, como le sucedió a un juez de la Corte Penal Internacional.
Eso no les ha pasado.
No, pero como sabemos que lo planeaban, la posibilidad de que eso pueda pasar es como una nube negra encima de nosotras. Nos ha contactado gente del ámbito diplomático avisándonos que eso es lo que sigue y que nos debíamos preparar especialmente en el ámbito financiero, pero también para no poder utilizar los servicios con los que todos trabajamos, como Microsoft o Apple. Yo tampoco podría funcionar porque no podría pagar mi apartamento. Desde el 25 de diciembre no hacemos nada más que prepararnos para eso. Y te digo, en mi ámbito personal y en el ámbito para la organización, abandonar estos servicios de EE.UU. no es algo que haces de un día para otro en una organización de 60 personas.
La advertencia
“Estas sanciones no van sobre nosotros, son una primera señal a la Comisión Europea”
Por ejemplo, ¿cómo se han preparado?
Aseguramos nuestros datos de forma regular. Trabajamos con una empresa que nos hace una nueva arquitectura para nuestros servicios, pero lleva tiempo y dinero. Hemos cambiado nuestra comunicación a Signal. Y también con los bancos, asegurar que tengamos accesible efectivo porque no queda otra.
Además de no poder entrar en EE.UU..
Tengo familia en EE. UU., pero no pasa nada por no poder viajar; eso se puede arreglar. Estoy dispuesta a hacer algunos sacrificios para la causa, pero lo que temo es que la DSA está construida para que las organizaciones civiles y los científicos investiguen y notifiquen a la Comisión. Todo el mundo ahora tiene miedo, porque tienen sus hijos en EE.UU., o por perder patrocinadores... nosotros ya lo hemos hecho. La ley puede morir porque nadie se atreva a investigar.
¿Cómo cree que ha actuado la UE?
La DSA estuvo vigente un año hasta que se aplicó la primera multa, y fue una multa suave contra X, aunque ya había muchas pruebas. Si uno lee los informes de riesgo que hacen las grandes plataformas, muchos son una broma. La Comisión tiene una ley muy buena y muy potente, pero es demasiado cautelosa y olvida que somos uno de los mercados más importantes para estas plataformas. Si no, no nos amenazarían tanto.

Corresponsal en Bruselas. Antes, al frente de la corresponsalía en Italia y el Vaticano de La Vanguardia y RAC1 (2018-2024). Es autora de ‘Laboratori Itàlia’ (Pòrtic, 2024).

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