El Gobierno de Ayuso critica el Plan de Vivienda de Sánchez por considerarlo intervencionista, aunque no descarta acogerse a él si no hay opción

Son dos modelos distintos, dos formas de entender la política, la economía y el desarrollo. Dos mundos que colisionan a diario. El PSOE opta por unas políticas sociales con mayor presencia del Estado, mientras que el PP aboga por la economía de mercado. Keynes contra Friedman. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su disgusto por el Plan Estatal de Vivienda de Pedro Sánchez que va este martes al Consejo de Ministros. La presidenta de Madrid siente que el plan invade sus competencias en vivienda, transferidas a las comunidades, al marcar los socialistas una línea muy clara con la que pretenden combatir los precios disparados en alquiler y compra de pisos por toda España, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid. Sánchez impone por primera vez unas condiciones para liberar esos fondos.

El Gobierno estatal exige que toda la vivienda pública lo sea de por vida, que no pueda dejar de ser VPO con el paso del tiempo. También que las regiones cofinancien un 40% del plan y que las comunidades compartan más datos para poder realizar mejores análisis de este problema, que es el que más preocupa según el Barómetro del CIS de abril 2026 (el 41,3%). Ayuso y su equipo lo consideran intervencionista, que provoca inseguridad jurídica y no defiende la propiedad privada. “Un desastre absoluto”, dicen. Sin embargo, no han revelado el sentido de su voto en la conferencia sectorial de presidentes autonómicos que se celebrará el próximo mes de mayo.

Sánchez prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones. Madrid recibirá, según cifras que todavía están por concretarse, el triple del plan anterior. Por sentido común, dicen en el entorno de Ayuso, si no les queda otra no rechazarán ese dinero y se acogerán al plan, como ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo con el abono de transporte, con el que tampoco estaban de acuerdo pero al final aceptaron.

Las quejas a este plan las ha verbalizado por la mañana el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en sus redes sociales: “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”. “La financiación directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, ha añadido.