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Más Madrid, formación que lidera la oposición en la capital, ha presentado este martes en el Congreso, a través de Sumar, una Proposición de Ley para reformar la norma que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que los ayuntamientos lo implementen de forma progresiva en función de la riqueza inmobiliaria de los propietarios. La idea es que el tributo, principal fuente de ingresos propios de las arcas municipales, funcione por tramos y los dueños de viviendas con mayor valor catastral paguen más. La iniciativa requiere una modificación de la Ley de Haciendas Locales, de ámbito estatal, e incluye, además, incrementos en la cuota si los dueños son grandes tenedores o entidades que no sean personas físicas, como sociedades inmobiliarias. También bonificaciones a familias monoparentales iguales a las que ya pueden optar las familias numerosas.
El IBI se calcula multiplicando el valor catastral del inmueble ―que varía en función de dónde se ubica, la antigüedad, el uso del suelo, el entorno, entre otros parámetros, y que determina la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda― por un tipo impositivo que fija cada ayuntamiento, que en ningún caso será inferior al 0,4% ni superior al 1,3% sobre el valor catastral del inmueble.
En Madrid ciudad, por ejemplo, es de 0,414%, uno de los más bajos y que el Ayuntamiento de Madrid ha reducido hasta cinco veces desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. En Barcelona, gobernada por el PSOE, es de 0,66%, y en Valencia, donde gobierna el PP, es de 0,57%. Ese porcentaje es el mismo para todos en el municipio, independientemente del valor del inmueble.
La reforma implica modificar varios artículos de la norma estatal para establecer una tarifa progresiva, escalonada por tramos, en función del valor catastral de la vivienda. Esto es, que si tu vivienda tiene mayor valor catastral, el tipo impositivo aplicado será mayor, y viceversa. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, no se establecen límites a los tramos, lo que correspondería a los ayuntamientos. Para modificar la Ley de Haciendas Locales, una ley ordinaria, es necesaria la mayoría simple del Congreso que, en el contexto actual, no resulta sencilla para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Otra de las novedades que incluye la reforma es el aumento de cuotas a los grandes tenedores y los dueños que no son personas físicas. Según la ley de vivienda de 2023, un propietario debe poseer mínimo 10 viviendas en un mismo municipio para considerarse gran tenedor, sin contar garajes ni trasteros, y cinco si es zona tensionada. La propuesta de Más Madrid reduce a cuatro inmuebles residenciales o más la consideración de gran tenedor para que se le pueda sumar un recargo en el IBI.
Así, a los grandes tenedores les aplicaría un coeficiente de hasta 1,6 sobre la cuota a pagar y a los propietarios que no son personas físicas ―empresas inmobiliarias, por ejemplo―, de hasta un 1,3. Este será compatible con el coeficiente destinado a los primeros. “En supuestos de cotitularidad, corresponderá la aplicación de este coeficiente cuando más del 25% del bien inmueble no corresponda a una persona física”, matiza el texto. El objetivo, defiende la formación, es desincentivar la especulación inmobiliaria. “Al permitir tramos progresivos, las entidades locales podrían aliviar la carga fiscal sobre las rentas bajas y medias sin comprometer la recaudación total, incrementando la presión sobre los patrimonios inmobiliarios más elevados”, plasman en la propuesta.
La líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, explica así la reforma: “Lo que proponemos es muy sencillo: permitir que los municipios puedan subir los impuestos a los que acumulan viviendas, como acumulan acciones en su cartera de inversión. A partir de tres viviendas, pero incrementando cuantas más viviendas acumulen. El objetivo, defiende, es “ahuyentar a los grandes especuladores” de capitales como Madrid, ciudad que han tenido en mente durante el desarrollo de la propuesta. “La ley no hace distinciones entre los que tienen una vivienda y los que tienen quince, por lo que resulta imposible penalizar a los que acaparan un bien básico y esencial”, añade.
Respecto a por qué un IBI progresivo, Maestre defiende que “permitirá que las viviendas normales, el 90%, paguen menos o mantengan lo que pagan ahora. Se subiría a viviendas que hoy valen en el mercado más de uno y dos millones de euros”. Las bajadas del IBI aprobadas por Almeida “suponen 17 euros al año [menos] para un vecino de Vallecas, mientras que para uno de Núñez de Balboa son 400 euros [menos]”, comenta la concejala. En la misma línea opina la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot: “Hay que dar la batalla contra la desigualdad y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentiva el acaparamiento de viviendas”.
Beneficios a familias monoparentales
La propuesta se asemeja a lo que el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció el pasado noviembre: estudiará si es posible que los propietarios de más de un piso paguen más IBI y realizará una propuesta al Ministerio de Hacienda. En 2025, Sumar ya registró en el Congreso una iniciativa, entonces una Propuesta No de Ley, para subir el impuesto a viviendas de más de 250.000 euros de valor catastral y recargos del 50% a pisos turísticos en zonas tensionadas.
La reforma también contempla ampliar beneficios a las familias monoparentales. Actualmente, las familias numerosas tienen una bonificación del 90% de la cuota íntegra del impuesto. La modificación a la norma extiende esta rebaja también a las compuestas por un único progenitor. El último punto añade que, si, como consecuencia de estas modificaciones, la cuota del IBI sube, el propietario afectado no podrá trasladar ese aumento al inquilino. “Esta prohibición se aplicará al ejercicio fiscal en el que se produzca la elevación de la cuota tributaria y a los tres ejercicios fiscales siguientes”, recoge la propuesta.
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