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La Fiscalía de Barcelona ha decidido archivar la primera denuncia por torturas en el contexto de crímenes contra la humanidad cometidas en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona durante el Franquismo y los primeros años de la Transición. Investigó si la activista Blanca Serra había sido víctima de ellas y, en un comunicado remitido este jueves, así lo confirma, pero ha decidido sobreseir el caso al no poder identificar a los autores materiales del delito, según ha afirmado en un comunicado, en el que afirma que ha presentado “denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional”.
Según el comunicado remitido por la Fiscalía, su informe realiza un relato de los hechos que recoge las explicaciones de Serra: que fue detenida junto a su hermana por agentes de la llamada Brigada Político Social, que el “único motivo” de esa detención era su actividad política de oposición a la dictadura y que, durante su estancia en la Comisaría, entonces la Jefatura de Policía, “le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión”. Las consecuencias de aquellos hechos fueron “secuelas de tipo traumático”. El decreto de la Fiscalía considera, además, que aquellos maltratos se produjeron “en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada” , y que Blanca Serra tiene la condición de “víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”.
El organismo Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, con el apoyo de Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), fue la promotora de la denuncia. Está previsto que esta tarde, Blanca Serra valore la decisión de la Fiscalía.
El ministerio fiscal inició en abril pasado las pesquisas por crímenes de lesa humanidad tras la demanda interpuesta por Blanca Serra, tanto en su nombre como en el de su hermana Eva, ya fallecida. Activistas de izquierda independentista, fueron detenidas en cuatro ocasiones en 1977 y sometidas a torturas en Barcelona y Madrid.
La apertura de la investigación, conjunta entre la Fiscalía de Barcelona y la Fiscalía General del Estado, se amparaba en el contenido de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. En el caso de Serra, consideraba la Fiscalía, había dos elementos que validaban su denuncia: violaciones graves de los derechos humanos y que estos se produjeran entre el 18 de julio de 1936, con la rebelión militar franquista, y el 29 de diciembre de 1978, jornada en la que se estrenó la Constitución vigente.
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