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Junts ha anunciado este viernes que presentará batalla contra el decreto del Gobierno para la regularización de migrantes por obviar el catalán, si bien lo que validó esta semana el Consejo de Ministros no debe pasar por el tamiz de las Cortes Generales y el margen para oponerse a esta medida es estrecho, se circunscribe a los tribunales y a la arena política.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, los posconvergentes aseguran que prevén “acciones legales en el ámbito europeo por la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración”, más allá de la ofensiva política que pondrán en marcha en todas las cámaras donde tiene representación.
En un extenso comunicado, en el que se lamenta que el decreto aprobado no pueda ser enmendado por el Congreso de los Diputados y que los mecanismos previstos estén colapsando los ayuntamientos y los servicios municipales, la formación denuncia que en el redactado final “se excluye el catalán como requisito al adquirir la residencia”.
“El catalán no es un requisito obligatorio, solo aparece en el informe de arraigo opcional en casos concretos. Se trata de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Catalunya no es necesario que acrediten ningún conocimiento de la lengua”, se quejan los posconvergentes, que en el saco de agravios incluyen también el hecho de que la tramitación de los papeles no permiten completar el trámite en catalán.
La formación de Carles Puigdemont recuerda también que hace dos meses el Govern de Salvador Illa “anunció que quería hacer del catalán un requisito para renovar al cabo de un año el permiso de residencia en la regularización extraordinaria”. “Esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado”, prosiguen el comunicado de Junts , que acusa al Ejecutivo catalán de “una vez más engañar a los catalanes” y de tener la conselleria de Política Lingüística como “mera fachada”. “Los acuerdos del Pacte Nacional per la Llengua son papel mojado”, concluyen. Esta crítica llega tras varios reproches dirigidos al conseller Francesc Xavier Vila por parte de Puigdemont después de que el Govern negara que hay una ofensiva contra el catalán.
El requisito del catalán para poder renovar permisos de trabajo y residencia a la larga era uno de los aspectos que JxCat quería introducir en el régimen normativo en caso lograr el traspaso de las competencias de inmigración a la administración catalana, si bien ese asunto había suscitado cierto debate jurídico. Los posconvergentes se apoyan en lo que dice el Estatut, mientras que los que ven ese requisito como inconstitucional esgrimen la Carta Magna.
En otro plano, Junts tenía previsto aprobar en el Congreso una enmienda que introdujo el PP a la ley de Multirreincidencia en el trámite del Senado que obligaba al Gobierno a garantizar que todas las personas que se acojan al proceso de regularización presenten un documento de antecedentes penales. Con el redactado inicial del decreto, en caso de no obtener ese documento una declaración responsable era suficiente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez vetó esa enmienda escudándose en que implicaba modificaciones presupuestarias, si bien a la postre ha introducido ese criterio tras el informe del Consejo de Estado.
Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017
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