Un paso en la dirección correcta

El problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones exige lucidez a la hora de diagnosticar y serenidad a la hora de prescribir, porque es mayúsculo. Comencemos con cuatro hechos. El primero, que el sistema de reparto es insostenible porque la demografía va a la baja. Los baby boomers tuvimos pocos hijos y ahora que empezamos a jubilarnos están entrando en el mercado laboral menos jóvenes que los necesarios para soportar nuestras pensiones. Los datos son demoledores: en los próximos 20 años alcanzarán la edad de jubilación 14,6 millones de españoles, a comparar con los 9 millones que alcanzarán los 20 años.

El segundo, que ya es tarde para sustituir el modelo por uno de capitalización, como proponen algunos indocumentados. Si los jóvenes no pueden soportar las pensiones de los jubilados, es imposible que, además, ahorren para hacer frente a las suyas.

Las inmigrantes poco cualificados no nos ayudarán a pagar las pensiones

El tercero, que los inmigrantes poco cualificados –los que atrae nuestro turismo, nuestra agricultura y nuestros cuidados– no nos ayudarán a pagar la factura porque no les pagamos lo suficiente. Podrían si les pagáramos bastante más, pero si los queremos es justamente para pagarles poco.

El cuarto, que aunque publiquemos en el BOE que las pensiones estarán protegidas de la inflación, nuestras leyes no pueden contra las de la aritmética.

La solución no puede ser dulce, y el momento político no permite abordarla, pero lo que sí que podemos pedir a los diputados es que no compliquen aún más las cosas, como están a punto de hacer con las mutualidades de abogados.

Desde 1996 estos profesionales tienen la opción de cotizar en el régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA) o hacerlo en la mutua colegial. El primero se basa en el reparto y el segundo –desde 2005– es un sistema de capitalización. El problema es que el sistema mutual proporciona unas pensiones menores –de hecho, es por eso que el sistema público es insostenible– y una parte de los colegiados ha logrado que se esté tramitando un proyecto de ley que les permitiría pasarse al RETA en unas condiciones que no están todavía claras, pero que favorecerían sobre todo a los que menos han estado cotizando. Nada que objetar. No es que ellos cometieran un error de cálculo apostando por el régimen privado, es que todos hemos cometido un error dejando de reformar un sistema público insostenible.

El problema radica en que el proyecto de ley aprovecha para eliminar la posibilidad de que los profesionales se mantengan en un régimen privado. Error. Lo que debemos hacer es procurar que tantos ciudadanos como sea posible dejen de estar en el régimen público si así lo prefieren. Nos conviene que lo hagan, y por eso se lo debemos permitir y, además, debemos tratar los rendimientos de su inversión como lo que son: rendimientos del ahorro, y no rentas del trabajo.

No es cuestión de privilegio, es cuestión de no hacer mayor el problema.