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La Fiscalía Anticorrupción ha respondido de forma contundente a la batería de recursos con las que las defensas del caso Montoro pretenden anular la causa desde la raíz, alegando que el inicio estuvo contaminado: “No eran hechos de un marcado cariz político [los primeros hallazgos de los investigadores], sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna”. El futuro de la causa en la que permanece imputado el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y otras 27 personas por una trama centrada en supuestos delitos de tráfico de influencias y fraude en la Administración Pública está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Tarragona.
En liza hay tres líneas sobre las que Montoro y el despacho Equipo Económico —fundado por antiguos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy y al que la Fiscalía vincula al exministro— han centrado su defensa. Primero, que el hallazgo de unos correos electrónicos en el marco de otra investigación y que dio pie a que esta comenzara fue ilegal. Segundo, que el secreto de sumario que se prolongó desde julio de 2018 hasta junio de este año fue excesivo y no estuvo justificado. Y tercero, que la competencia de las diligencias estaría en Madrid por ser donde se ubicaba el bufete y la supuesta trama corrupta y, por tanto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que ha liderado la investigación no tenía competencias para hacerlo.
Algunas defensas habían afirmado que el juez había mostrado un interés especial por esta instrucción y había decidido “atribuirse el conocimiento de unos hechos evidentemente de notorio cariz político y especial relevancia mediática”. Pero la Fiscalía rechaza en un nuevo escrito adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS cualquier irregularidad y dice que el magistrado ha tenido un “escrupuloso y exquisito comportamiento” para respetar “como no puede ser de otra forma” tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, “evitando injerencias y daños colaterales”.
La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá explica que le “llama la atención” que parece que “la única finalidad” que persigue la “presentación de ingentes escritos y recursos por las partes no sea la averiguación de la verdad” o la “petición de diligencias para la práctica de pruebas de descargo”, sino más bien conseguir una nulidad total de un caso practicado, a su juicio, “con total profesionalidad y respeto”.
El Juzgado de Tarragona inició estas pesquisas bajo secreto tras un informe de Mossos d’Esquadra en el que se daba cuenta de un email hallado en una entrada y registro de forma fortuita. Se entendía en ese correo electrónico que algunas empresas gasísticas contrataban los servicios de Equipo Económico para conseguir gestiones más rápidas en el Ejecutivo que lideraba Mariano Rajoy. El juez cree que el despacho utilizó su “poder” con Montoro para “ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.
Equipo Económico se ha quejado de que Mossos haya intervenido como Policía Judicial, pero la Fiscalía contesta en este recurso que ese Cuerpo puede “ejercer la investigación criminal” dentro de Cataluña y cuando se han producido diligencias en la capital, como fueron los requerimientos de documentación al Ministerio de Hacienda o a la Agencia Tributaria, se han llevado a cabo por la Guardia Civil.
El despacho ha recurrido también que durante siete años no hayan podido acceder a las actuaciones que estaban protegidas bajo la especial reserva, pero la fiscal Cerdá señala que se ha confirmado “la utilidad de aquel secreto” por la importancia de haber analizado toda la documentación tributaria de la que disponían y haber podido así determinar mejor la participación de los imputados. “El esfuerzo probatorio de análisis realizado explica que el magistrado instructor, al levantar el secreto haya podido concretar en su auto los hechos investigados y a sus partícipes”, refleja el escrito.
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