Fiscales progresistas piden la intervención de la ONU por “anomalías” en el juicio de García Ortiz

“Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales”. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha tomado una iniciativa inédita: solicitar la intervención de una relatora de la ONU ante “las graves anomalías detectadas en el procedimiento contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz”.

García Ortiz fue juzgado a principios de noviembre por el Tribunal Supremo quien le ha condenado a una pena de inhabilitación y al pago de una multa por un delito de revelación de secretos. De momento, se conoce el fallo, pero no se sabe cuál es el contenido concreto de la sentencia. 

La UPF ha remitido una “comunicación formal” a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, para pedir su intervención ante “las anomalías en el juicio a García Ortiz que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”, según han manifestado los fiscales progresistas en un comunicado.

Esas irregularidades son, a juicio de la UPF, el hecho de que “los mismos magistrados participasen en la admisión de las querellas, la valoración inicial de los indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento”. 

Además, la entidad considera que en la instrucción se produjeron “medidas extremadamente invasivas” al proceder al volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas”. “Parte de información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa”, añaden

Además, los fiscales progresistas creen que durante el juicio y la deliberación se produjeron “comportamientos públicos impropios” como “los comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción”. Y también denuncian el hecho de se haya “anunciado el fallo condenatorio” sin que todavía se conozcan “los fundamentos jurídicos que lo explican”.

La UPF quiere que la relatora de la ONU “analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial”. También pide a Satterthwaite que se plantee visitar España de forma oficial para “evaluar el impacto institucional de este caso”.