El 'caso Salazar' pone en el punto de mira a Pilar Bernabé y el PP valenciano afila el colmillo

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y virtual candidata socialista a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, es el mayor activo electoral de los socialistas valencianos en la actualidad. Reforzada por la gestión de la dana y con un perfil combativo ante Carlos Mazón al que ha contradicho en sus múltiples versiones, Bernabé se ha convertido en la principal referencia del PSPV más allá de la ministra y secretaria general del partido, Diana Morant, a quien su agenda estatal no le permite estar en el día a día de la arena política valenciana. De hecho, no son pocos los actos de la precampaña en que se ha sumergido el PSPV en los que la gandiense ha buscado el calor de la delegada del gobierno.

Bernabé ha crecido estos meses como pieza creciente más allá de las fronteras valencianas y ha participado en actos del partido en su calidad de secretaria de Igualdad, cargo con el que Pedro Sánchez le premió tras la dana del 29-O. Sin embargo, ese mismo cargo se ha convertido en un problema para la dirigente socialista al que el caso Salazar le ha explotado. Los populares valencianos han pedido su cese e incluso el portavoz del nuevo ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca le ha llegado a llamar “encubridora”.

Como explicaba este periódico, la reunión telemática de urgencia que el miércoles por la noche convocó Pilar Bernabé con las responsables de esta cartera en las federaciones socialistas, no logró calmar los ánimos, muy enconados. El jueves, la propia delegada defendió que se había “detectado el problema y puesto la solución”, y que ahora una comisión de expertos trabajaba “para abordar esta cuestión con la máxima empatía y sensibilidad”. Bernabé apuntó que “la voluntad del PSOE siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas”. El viernes por la mañana, la representante gubernamental suspendía su agenda por la mañana y mantenía, eso sí, el acto por el día de la Constitución de la tarde.

Paralelamente, la dirección federal lanzaba un comunicado en el que admitía que  “la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada” después de que no se atendiera a las víctimas del presunto acoso –varias empleadas de la Moncloa a las órdenes de Francisco Salazar- durante cinco largos meses. “El contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista”, asumían en la dirección.

Unas explicaciones que no han convencido al PP valenciano que ha salido en tromba a criticar a la dirigente socialista. El jueves lo hizo la alcaldesa de València y rival de Bernabé en el escenario electoral de 20727, María José Catalá, que criticó la forma de actuar del PSOE con las mujeres. También lo hizo el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina que, ayer, insistía y calificaba de “encubridora” y le pedía que entregara a Fiscalía las denuncias “Que lo cuente todo y no haga como con sus falsos títulos que tardó 14 años en reconocer que no tenía”, indicó. Barrachina metió en el mismo saco a la secretaria de Organización, la también valenciana Rebeca Torro, y consideró que el PSOE tiene “un problema estructural de machismo”.

Diana Morant junto a Rebeca Torró y Pilar Barnabé en un acto del PSPV. 

LVE

El PSPV, consciente de que el voto feminista es clave para mejorar sus expectativas electorales, ha hecho gala estos meses de tener un trío de mujeres al mando frente a un PP al que acusaban de estar en manos del “negacionismo de Vox”. 

En esta batalla de desgaste de la figura ascendente de Bernabé ha estado también el grupo popular en las Corts Valencianes. El equipo que lidera Nando Pastor (otro de los hombres duros de los que se ha rodeado Pérez Llorca) registró el viernes una propuesta en el Parlamento autonómico en la que solicita al Gobierno el cese de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana “por su actitud negligente al no proteger a las víctimas del caso de Francisco Salazar, conducta impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no tratar de silenciar las denuncias”.